DESAHUCIO EXPRÉS DE INQUILINOS MOROSOS

Hay un dicho según el cual la Justicia si es lenta no es justa. Esta máxima tiene uno de sus ejemplos más nítidos en el caso del arrendamiento de viviendas, donde por desgracia es bastante habitual encontrarnos con propietarios arrendadores que habiendo alquilado su vivienda ven cómo se suceden los meses mientras que el inquilino incumplidor sigue faltando a su deber de pago, acumulando deuda, y disfrutando sin embargo de la vivienda amparándose en la lentitud de la justicia.
En los últimos días los poderes públicos, conscientes de los “atascos” judiciales, y en aras a garantizar el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Tribunales dentro de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, han promovido una Ley de agilización procesal, cuyo objeto es incorporar determinadas medidas que aceleren ciertos aspectos en los órdenes civil, penal y contencioso- administrativo, a la que debemos de sumar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que viene a reformar todo el proceso laboral.
Y precisamente, entre otros cambios legislativos, esta Ley de Medidas de Agilización Procesal da una nueva regulación al procedimiento de desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas, viniendo a completar la llamada “Ley del desahucio exprés”. Así, el desahucio de viviendas por impago del inquilino, y desde el pasado 31 de octubre de 2011 (fecha de entrada en vigor de la citada Ley), permite al propietario acogerse al sistema del proceso monitorio (rápido y sencillo) para la reclamación de las rentas y desahucio.
De este modo, una vez presentada la demanda por impago, el secretario judicial dará diez días al inquilino para que abone la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente las alegaciones por las que se opone al pago, procediendo directamente a dar fecha para el lanzamiento (desalojo del inmueble) si transcurren los diez días sin que se realice ninguna de las actuaciones mencionadas.
El hecho de aunar el ahorro de trámites procesales que supone el procedimiento monitorio (ya previsto en la ley para otros supuestos) y posibilitar directamente el lanzamiento sin necesidad de acudir al procedimiento declarativo verbal como hasta ahora constituye una novedad significativa, aunque ahora queda comprobar si los recursos humanos de los que se dispone en los Juzgados son también suficientes para cumplir el objetivo de la reforma. La finalidad esta clara, los resultados sin embargo están por ver.
Existe por contra otro dicho de carácter popular aplicable a estas situaciones según el cual «más vale prevenir que curar»; es por ello que antes de proceder al arriendo de una vivienda conviene siempre ponerse en manos de profesionales y adoptar algunas medidas básicas a fin de limitar y contener los posibles perjuicios que puedan derivarse de un incumplimiento contractual por parte del arrendatario, tales como incluir cláusulas de afianzamiento, estudiar la capacidades económicas de la contraparte, exigir garantías antes de la firma, realizar un anexo fotográfico, etc.. En definitiva, una buena confección del contrato y un estudio previo pueden evitar riesgos, aunque a veces se producen daños de forma irremediable. En tal caso esperemos que la reforma procesal sea efectiva para responder frente a los tan extendidos abusos que presenta la realidad actual en materia de arrendamiento de viviendas.

www.sinergiaabogados.com

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