El Silencio Administrativo negativo y la doctrina pro actione del Tribunal Constitucional

El silencio administrativo negativo, como su propio nombre indica no es más que la ficción legal de que si la administración no ha resuelto en el plazo determinado para cada procedimiento, el interesado debe entender que ha sido desestimada su solicitud si se tratase de procedimientos relativos al derecho petición del artículo 29 CE, tuviera como consecuencia que se transfiriera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicios público, (43.1 in fine LRJPAC) lo que significa que lejos de ser una excepción al principio general de silencio positivo es el verdadero y principal efecto que produce para el ciudadano la falta de resolución expresa de la administración.

Esta ficción legal, a modo de resolución desestimatoria, produce el principal efecto de que comienzan los plazos para interponer el recurso contencioso administrativo.

Artículo 46 LJCA
1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

Este plazo de 6 meses para interponer recurso contencioso administrativo ante los órganos judiciales ha sido matizado, casi derogado tácitamente por la doctrina pro actione, consolidada y pacífica de nuestro Tribunal Constitucional ampara, dicho en los más estrictos términos, la interpretación de que el silencio administrativo no es más que una ficción legal para que el administrado pueda acceder a la vía judicial, sin que deba interpretarse de manera rigorista el artículo 46.1 LJCA cuando se trata de desestimación presuntas de la administración, de manera que no opera dicha ficción en perjuicio del administrado, primando el acceso a la tutela judicial efectiva que promulga el artículo 24.1 CE.
Por su claridad, merece la pena destacar la STC (Sala Segunda). Sentencia núm. 59/2009 de 9 marzo RTC\2009\59

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS
[…]
, EL CIUDADANO NO PUEDE ESTAR OBLIGADO A RECURRIR SIEMPRE Y EN TODO CASO, SO PRETEXTO DE CONVERTIR SU INACTIVIDAD EN CONSENTIMIENTO DEL ACTO PRESUNTO, IMPONIÉNDOLE UN DEBER DE DILIGENCIA QUE SIN EMBARGO NO LE ES EXIGIBLE A LA ADMINISTRACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER LEGAL DE DICTAR RESOLUCIÓN EXPRESA EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS. Bajo estas premisas hemos concluido que deducir de ese comportamiento pasivo del interesado su consentimiento con el contenido de un acto administrativo presunto, en realidad nunca producido, negando al propio tiempo la posibilidad de reactivar el plazo de impugnación mediante la reiteración de la solicitud desatendida por la Administración, supone una interpretación que no puede calificarse de razonable —y menos aún, con arreglo al principio pro actione, de más favorable a la efectividad del derecho fundamental del art. 24.1 CE ( RCL 1978, 2836) —, al PRIMAR INJUSTIFICADAMENTE LA INACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN, COLOCÁNDOLA EN MEJOR SITUACIÓN QUE SI HUBIERA CUMPLIDO CON SU DEBER DE DICTAR Y NOTIFICAR CON TODOS LOS REQUISITOS LEGALES LA CORRESPONDIENTE RESOLUCIÓN EXPRESA.

Entre otras destacan las siguientes sentencias:
 Sentencia Tribunal Constitucional núm. 106/2008 de 15 septiembre RTC 2008\106.
 Sentencia Tribunal Constitucional núm. 3/2008 de 21 enero RTC 2008\3.
 Sentencia Tribunal Constitucional núm. 64/2007 de 27 marzo RTC 2007\64.
 Sentencia Tribunal Constitucional núm. 32/2007 de 12 febrero RTC 2007\32.
 Sentencia Tribunal Constitucional núm. 19/2006 de 30 enero RTC 2006\19.

Por muy extraño que parezca, esta interpretación doctrinal que corrige una interpretación literal del art. 46 LJCA demasiado estricta no es conocida por todos los profesionales, de ahí la posible utilidad de este post.


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